Me parece Muy preocupante. No es la primera ni la segunda ni la tercera noticia parecida.

No lo puedo entender, vivimos en un país sin seguridad jurídica en algo tan importante y caro como la propia vivienda.

¿Cómo se debe actuar si al volver de unos días de vacaciones o del hospital uno se encuentra su piso okupado?

Ahí va la noticia de hoy:

http://www.lavanguardia.com/local/ba...ia-jueces.html

Sebastián Salvadores Cobas nunca se imaginó que la expresión un robo como una casa pudiera ser literal. Ahora sí. A él le ha pasado.
Le han robado su casa.
Lo terrible es que, como reconocen los Mossos y el Síndic de Greuges de Catalunya, su caso no es aislado. Sebastián –un gallego de Barcelona, de 67 años, jubilado, con cinco hijos, una diplomatura y dos grados universitarios– siente miedo e impotencia.
El día 4 tenía uno de los controles a que se somete en el Clínic desde hace 20 años, tras una operación de corazón. Cuando fue a su casa, el 2.º 2.ª de la calle Sant Climent, 11, en el Raval, donde tenía unos documentos para los médicos, halló la puerta forzada y la cerradura cambiada. “Ya está: ha vuelto a pasar”, masculló.
Hace un año, otros usurpadores violaron su micropiso, de 35 m2 y en una escalera sin ascensor, pero en aquella ocasión la puerta estaba abierta y no habían tenido tiempo de cambiar la cerradura. La desocupación pudo ser inmediata. Esta vez, sin embargo, las cosas han sido diferentes.
En el 2.º 2.ª de la calle Sant Climent, 11, se está delinquiendo ahora mismo y no pasa nada


Sebastián tiene la desgracia, como dice con sorna, de poseer dos viviendas, la del Raval y una casita en el Vallès Oriental. Las ha logrado pagar después de toda una vida de trabajo, hipotecas y sacrificios. Si sólo tuviera el piso del Raval, a los ocupas (ocupas con c, no con k, porque no tienen reivindicaciones sociales) se les acusaría de allanamiento de morada, con penas de hasta tres años de cárcel y una tramitación judicial previsiblemente más rápida. Pero como es un privilegiado (de nuevo, la sorna) y tiene otro techo, se les investigará por usurpación. Este delito recibe penas más leves, de uno a dos años. Tanto el allanamiento como la usurpación se castigan además con multas e indemnizaciones, en función de los daños causados, pero estas cantidades casi nunca se pagan porque los condenados son o se declaran insolventes. Las sentencias pueden tardar una media de nueve meses.
La denuncia se interpuso ante la policía el día 4 (diligencias 291437/2018 AT) y este viernes, dos semanas después, el caso aún no se había asignado a un juzgado. El denunciante ni siquiera ha podido recuperar sus fotos, su ropa, sus recuerdos. Para hacerlo tendrá que pedírselo al juez o “escribir una carta a los Reyes Magos”, como ironiza su abogada (porque ya ha tenido que contratar a una, cuya minuta se sumará a la reparación de los desperfectos y robos que sufra en su casa).
Por kafkiano que parezca, en cuanto los ocupantes se atrincheran y cambian la cerradura se benefician de la inviolabilidad del domicilio y no se puede hacer nada si no lo ordena la justicia. Entre cuchicheos y de forma extraoficial, un mosso en Barcelona y otro en Granollers le desaconsejaron la vía judicial porque hay “métodos más rápidos”. Cuando lo recuerda, Sebastián, que jamás ha tenido problemas con la ley, no puede reprimir las lágrimas: “Imagínese cómo me sentí cuando quienes en teoría me han de defender me recomendaron que me defendiera yo por mi cuenta”.
¿Cuáles son esos métodos? Uno consiste en esperar a que los ocupas salgan de casa y entonces actuar como ellos: contratar a un cerrajero, volver a cambiar la cerradura y blindarse dentro. Otra posibilidad implica recurrir a empresas que hacen con exmilitares y matones lo que no puede hacer la policía, pero sus expeditivos desalojos bordean la ley y han sido denunciados por la Federación de Asociaciones de Vecinos. “Nunca actuaré al margen de los tribunales”, dice Sebastián, que ha pedido amparo al Ayuntamiento y al Síndic. La alcaldía no le ha contestado todavía. El Síndic, sí, pero sólo para recordarle que este asunto “es de naturaleza privada” y debe seguir “los cauces judiciales correspondientes”.
Hay ocupas que actúan por necesidad y otros, como los de este piso del Raval, con mucha cara


La Sindicatura, sin embargo, aprovecha la respuesta para subrayar que hay dos clases de usurpadores de viviendas, quienes lo hacen por pura necesidad y quienes han convertido esta práctica en su modus vivendi “con independencia de su situación socioeconómica”. Este parece ser el caso del trío –dos hombres y una mujer– del 2.º 2.ª de Sant Climent, 11. En un edificio de esta misma calle hay un narcopiso y los vecinos están cansados de presenciar en la vía pública escenas como esta: “¿Tienes blanca?” “Aquí no, pero cuánto quieres y te la bajo”. La blanca es la cocaína. Una fuente que pide el anonimato tuvo miedo de que los nuevos ocupas abrieran una franquicia y acudió con estos temores a la policía. “¿Tiene usted pruebas de que venden drogas? Si no las tiene, podría incurrir en un delito de denuncia falsa”, le advirtieron.
“Esta persona no tiene pruebas, salvo las sorprendentes buenas relaciones que hay entre los ocupas y los narcos de enfrente, a los que saludan y con los que hablan desde la ventana. Yo, sin embargo, tengo todas las pruebas del mundo de que esa es mi casa y no sé cuándo ni en qué estado la recuperaré”, se lamenta Sebastián.
Es un hecho incuestionable: la justicia española es muy garantista, y está bien que así sea. “Mejor cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel”, decía una leyenda de la abogacía barcelonesa, el añorado Juan Antonio Roqueta (1938-2012). Pero a veces las garantías protegen más a los delincuentes que a las víctimas.
El Síndic denuncia que hay mafias que hacen de la ocupación su modo de vida


El Síndic ha mostrado su “preocupación por la existencia en Catalunya de clanes mafiosos que se dedican a vender el derecho a reocupar las viviendas que previamente han usurpado o que ofrecen a los propietarios afectados sus servicios de desalojo”. Debería haber reformas legales, agrega el defensor de los ciudadanos, para agilizar la respuesta judicial, sobre todo “en situaciones no motivadas por necesidad”.
Los usurpadores de Sant Climent dicen que han pagado 1.500 euros por el piso. Desde el rellano se ve una foto de estudio en blanco y negro, realizada hace muchos años en Lugo. Es una mujer con traje tradicional gallego: Consuelo, la madre de Sebastián. Él, su esposa y dos de sus hijos viven ahora en el Vallès Oriental. Utilizaban el pisito del Raval cada vez que debían ir a Barcelona. Sebastián durmió aquí por última vez el 22 de mayo. Regresó el 4 de abril para un control en el Clínic, pero entre una fecha y otra se produjo la intrusión.
Cuando recupere su propiedad, la cederá para un alquiler social. “No soy un especulador ni un gran propietario”, afirma. Pero se pregunta si el Ayuntamiento diferencia entre ocupas, como hace el Síndic. Y si es verdad que la alcaldía, como ha dicho, facilitará el empadronamiento de estas personas para garantizar sus derechos sociales y sanitarios.
“¿De todos los ocupas? ¿También de estos? Me borrarán a mí del padrón para empadronarlos en mi lugar?”. El día 4, cuando vio que regresaba a la segunda residencia del Vallès y que no se había quedado a dormir en Barcelona, como hacía cada vez que tenía pruebas médicas, su mujer le preguntó qué pasaba. Y entonces Sebastián respiró hondo y contestó: “Nos han robado la casa”.